Doble
lenguaje
Martes
31 de Enero de 2012
Parece
que en el ámbito federal, fuera
del uso mediático profuso, no
se comprende a cabalidad que en chihuahua
subsiste una emergencia inédita:
la violencia relacionada con el crimen
organizado.
Todo
parece que es así porque mientras
a nivel local se realizan esfuerzos
por combatir un fenómeno que
de origen corresponde a la federación,
por encontrarse catalogados como delitos
de éste ámbito –secuestro,
asalto, robo, homicidio, perpetrados
por delincuentes organizados mediante
el uso de armas de fuego exclusivas
del ejército-, el ejecutivo y
el judicial, poderes ambos federales,
asumen decisiones omisas.
Un
juez federal niega competencia para
juzgar al presunto responsable de más
de mil quinientos crímenes, entre
ellos, el asesinato del personal de
la embajada norteamericana en Juárez;
el juzgado de distrito se niega a seguir
el proceso por los homicidios, evidentemente
vinculados a la actividad principal,
que es la delincuencia organizada.
La
Procuraduría General de la República,
tras la detención, asumió
la atracción de los homicidios,
toda vez que se encuentran vinculados
con la actividad criminal principal.
El juez de distrito se niega a procesarlo
por este delito. Ahora tendrá
que resolver un tribunal colegiado la
competencia, en un asunto que debiera
entenderse de mero trámite.
En
el mismo sentido, de evadir responsabilidades,
el gobierno federal recorta en 2011
los recursos públicos asignados
mediante Subsemun, el subsidio de seguridad
para municipios, en 38 millones de pesos,
poco más de un tercio de los
recursos que recibía el ayuntamiento
de chihuahua.
Las
administraciones anteriores, por cierto
emanadas del Partido Acción Nacional,
recibieron 98 millones de pesos. Así
ocurrió el 2010. Para 2011, ya
con administración priísta,
la federación envío solo
61 millones de pesos.
La
reducción presupuestal generó
posiciones encontradas que culminaron
con un acuerdo donde el entonces secretario
de gobernación Francisco Blacke
se comprometió, mediante la intervención
del gobernador César Duarte,
a respetar el histórico presupuestal
para la capital de chihuahua.
Sin
embargo, todo quedo en promesas. Ahora
se niega el compromiso asumido de restituir
los 38 millones y regresar a chihuahua
al nivel de recurso autorizado vía
Subsemun. Para 2012 se autorizan solo
los 61 millones de pesos, cuando Chihuahua
había presentado un programa
de fortalecimiento en seguridad pública
por 130 millones de pesos, donde destacan
profesionalización, equipamiento,
infraestructura y prevención
de adicciones.
Es
paradójico que la misma federación,
por un lado, a través del secretario
técnico del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, reconozca
en chihuahua el esfuerzo extraordinario,
donde por ejemplo, se han invertido
120 millones en mejora salarial de los
elementos policiacos, recursos obtenidos
de políticas de ajuste administrativo
ordenadas por el alcalde Marco Adán
Quezada, que al final han mejorado la
seguridad, y por el otro lado, en un
doble discurso, los recursos se ajusten.
Reducir
el financiamiento federal para combatir
el crimen es una estrategia equivocada.
La situación inédita de
chihuahua requiere los mayores apoyos
y las decisiones más adecuadas
de parte de la federación: que
los tribunales asuman su responsabilidad
de juzgar por atracción los delitos
vinculados a crímenes del orden
federal y que el Subsemun sea administrado
sin tintes o colores partidistas: que
simplemente retorne al histórico
presupuestal, actualizado, del 2010.
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